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Se le atribuye a Churchill haber dicho que “el mejor argumento en contra de la democracia es una discusión de cinco minutos con el votante promedio”. Y no es que el líder inglés fuera partidario de otro sistema político, de hecho pensaba que “la democracia es la peor forma de gobierno, excepto por todas las otras formas que han sido probadas de vez en cuando”.

El debate cobro fuerza esta semana luego del papelón de la última elección; la sociedad dijo basta en el “Tucumanazo” y la clase política aceptó masivamente la necesidad de modificar el sistema electoral y los mecanismos de votación a los efectos de hacerlos menos permeables al clientelismo y la manipulación.

Aprovechando la discusión me pareció interesante proponer que nuestro país se sumara a la amplia mayoría de naciones que tienen voto voluntario. De acuerdo a un estudio de la Ong IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance), sólo 26 países en el mundo tienen voto obligatorio, mientras que en 173 la elección es, valga la redundancia, optativa. Más aún; en la gran mayoría del mundo desarrollado no es obligatorio hacerlo, con la excepción de Australia, Bélgica, Grecia y Singapur.

Obviamente no se trata de una propuesta nueva ni original y soy consciente que tiene muchas resistencias, empezando por la académica. Por ejemplo el politólogo chileno Carlos Huneeus Madge ha sostenido que la no obligatoriedad bajaría la participación ciudadana y el interés en la política, además de discriminar en contra de los grupos sociales más desprotegidos y aumentar las chances de los partidos con mucho dinero.

En el mismo sentido, esta semana la periodista y también licenciada en Ciencias Políticas María O´Donnell, me planteó el inconveniente de la voluntariedad en contextos de países con una gran desigualdad. El punto me pareció interesante porque de hecho hemos sostenido en este mismo espacio que el sistema democrático en general funciona mal si la desigualdad es grande, más allá de que el voto sea o no forzado.

La preocupación lógica es que ocurriría si masivamente van a votar los más ricos y por el contrario, las minorías étnicas o los grupos socioeconómicamente más desfavorecidos dejan de hacerlo. En ese contexto las políticas resultantes reproducirían e incluso multiplicarían las desigualdades existentes.

Sin embargo tampoco parece obvio pensar que cuando los grupos desinteresados por la política concurren a votar obligados, lo hacen informados y defendiendo políticas que favorecen sus intereses. Más bien parecería que la obligación potenciada por el desinterés produce ciudadanos que eligen su voto con el mismo esfuerzo analítico con el que deciden la compra de un producto de consumo masivo en el supermercado.

Prueba de ello es que en las campañas políticas modernas no se discuten propuestas ni tampoco la plataforma electoral ocupa el lugar central y fundacional que tenía quizás hace 30 años atrás. La evidencia más palmaria de esto fue la reciente confesión de Federico Sturzzenegger que fue grabado por una cámara cuando contaba en un auditorio extranjero que el principal asesor político del PRO, Jaime Duran Barba, le había aconsejado en oportunidad del debate del que participó como candidato a Diputado por la Ciudad de Buenos Aires, que no se le ocurriera profundizar en las propuestas y que, por el contrario, dedicara su tiempo a hablar de la familia y de temas que pudieran generar empatía emocional con el electorado.

El conocido economista se había preparado por años para un debate como ese y me consta que tenía muchas propuestas interesantes, producto del profundo estudio de los problemas del distrito porteño. Acabó, sin embargo, siguiendo al pie de la letra las instrucciones del experto en campañas electorales.

UN ARGUMENTO ECONOMICO

Más allá de las razones a favor y en contra de la propuesta, creo que hay una ventaja adicional, que surge como resultado de la oferta y la demanda.

En efecto, si el voto es obligatorio el ciudadano debe concurrir al acto eleccionario más allá de su voluntad y por lo tanto resulta un sobre barato para un puntero clientelista.

Si por el contrario el voto es voluntario, la persona que no tiene interés en la política no irá en principio a votar, e incluso puede planificar alguna otra actividad para ese día de elecciones, de modo que quien quiera comprarle el voto deberá pagar un precio más alto, puesto que no solo tiene que convencerlo de emitir el sufragio por un candidato en particular, sino que tiene que compensarle el costo de oportunidad de salir de su casa y perder probablemente un par de horas entre el viaje y las colas.

El voto voluntario encarece entonces el acto corrupto de la compra de un voto, bajando el poder de los aparatos para influir en las elecciones.

En segundo lugar, la mayor libertad del votante quiebra la lógica del marketing electoral, puesto que ya no se trata de hacer que un candidato sea más atractivo “en la góndola”, sino que es preciso convencer primero al votante de que vaya “al mercado electoral”

Los partidos políticos se verán de este modo forzados a hablar de propuestas, dado que tienen que lograr que los ciudadanos se convenzan de la conveniencia de perder un feriado en familia para ir a votar.

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