En el manejo financiero de una familia, una empresa y también de un gobierno, pueden presentarse problemas de solvencia o de liquidez. Lo primero ocurre cuando los derechos a recibir dinero o sobre cosas (activos) no alcanzan para cubrir las obligaciones (pasivos), lo segundo cuando, de manera circunstancial y por un período de tiempo acotado, los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos.

Un negocio puede ser solvente, pero enfrentar problemas financieros, como sucede cuando por ejemplo un proveedor vende toda su mercadería, pero cobra con un cheque a 120 días. Alternativamente, una actividad puede ofrecer un flujo de fondos positivo durante un tiempo, pero estar acumulando un pasivo que a la postre la haga quebrar, como cuando un remisero tiene un peón a cargo del auto se gasta toda la recaudación, pero después no tiene para reponer la amortización del rodado y quiebra en la eventualidad de un juicio laboral.

Con los países sucede una cosa similar, aunque técnicamente no pueden ir a una quiebra y no sufren por tanto la liquidación de sus activos. Empero, pueden enfrentar restricciones temporarias de liquidez que les imposibiliten cumplir con sus pagos, o un déficit de carácter estructural que ya no sea sostenible en el tiempo y los obligue a un ajuste.

El problema es que muchas veces los mercado tienen dificultades para distinguir entre un caso y el otro, por lo que puede ocurrir que piensen que un país no podrá pagar su deuda y se nieguen a seguir financiándolo. En esencia, eso es lo que refleja el riesgo país; tener 2100 puntos de penalidad implica que mientras que el Tesoro de Estados Unidos consigue dinero al 2% anual, a nosotros nos cobran 23 %, que obviamente es una tasa insostenible en el tiempo.

Cuando Argentina tocó las puertas del Fondo, en mayo del año pasado, enfrentaba un aparente problema de liquidez porque, si bien tenía un plan para cerrar de manera gradual el déficit fiscal, el mercado, que hasta un par de meses atrás compartía esa visión, pasó a pensar que se trata de un desequilibrio permanente que no podría corregirse y se resistió por tanto a financiarlo.

De poder pagar a querer hacerlo

Luego de las PASO se agregó un componente. A las dudas sobre la capacidad de pago se sumaron las inquietudes sobre la voluntad de honrar los compromisos, no solo por los antecedentes del kirchnerismo, que estafó a los tenedores de bonos que ajustaban por CER primero y entró en default técnico después, sino por las propias declaraciones de Alberto Fernández, quien dijo que iba a negociar uno por uno con los acreedores, que el país ya estaba en virtual default y que no había dólares para pagar, con lo cual los bonos que vencen en octubre del año que viene, como el Bonar2020 se derrumbaron a precios de liquidación y la deuda de corto plazo que vencía esta semana no se renovó, por el temor que despertaba la posibilidad concreta de que no se honrara.

Como si eso fuera poco, el comunicado fulminante del Frente de Todos respecto del FMI, sembró incertidumbre ya no sobre la capacidad de pago, sino sobre las ganas de hacerlo.

Con una avalancha de pesos en la calle y una obligación de pagar en dólares los vencimientos de letes, el prospecto de las reservas no era muy auspicioso, puesto que, además, el contexto de cambio de gobierno genera un obvio proceso de dolarización de depósitos y lo cierto es que aunque haya 15000 millones de dólares en las reservas de libre disponibilidad, no se pueden usar para dar salida a los depositantes y al mismo tiempo pagar toda la deuda de corto plazo de Hacienda; era o uno o lo otro.

El gobierno enfrentó entonces el dilema de elegir entre dos males: la reprogramación de pagos de la deuda de corto plazo (perjudicando a las empresas, los bancos y los fondos), o el control de cambios (léase cepo).

El ejecutivo adelantó entonces una propuesta que era de la oposición y se lanzó a reperfilar la deuda; esto es: a distribuir mejor en el tiempo los vencimientos de capital e intereses para que, sin que sea necesaria una quita, se pueda cumplir con los compromisos. El planteo oficial reconoce los problemas de liquidez, pero es evidente que el mercado tiene también dudas sobre la solvencia. Prueba de ello es que, aunque el país está bajo el paraguas del Fondo, lo que debería despejar temores sobre su capacidad financiera, el riesgo país lejos de bajar subió hasta las PASO y se triplicó desde entonces, confirmando que los fondos de inversión no creen que la deuda vaya a ser pagada, por lo que es muy probable que no le alcance al país con simplemente reperfilar los vencimientos, para recuperar la confianza.

En el medio hay además una elección con probable cambio de gobierno por lo que el Banco Central tampoco tiene margen; o domina la corrida y estabiliza el dólar pronto, o empezará a sufrir la dolarización de los plazos fijos que se vayan venciendo. Como esto tampoco le conviene al futuro gobierno, sería productivo para ambos y sobre todo para los 44 millones de argentinos, que se firme un acuerdo entre partidos definiendo como políticas de estado que trasciendan al resultado electoral, el compromiso de honrar las deudas y el de sostener la moneda.

fuente: ELDIA.com