En la medida que la cuarentena se alarga indefinidamente, el tejido social y productivo empieza a mostrar los efectos colaterales de una medicina cuya dosis tal vez no haya sido correctamente calibrada.

La asistencia financiera a tasa subsidiada del 24% llego a 111.000 empresas, pero la mayoría ni siquiera llegó a armar la carpeta de crédito, a punto tal que el BCRA abrió una línea para llegar a 200.000 empresas que no tenían antecedentes en el sistema; una gran idea, que confirma la desconexión entre el Estado, el sistema financiero y el aparato productivo

En abril el estado pagó el 50% de los salarios de 247.000 empresas (hasta 2 salarios mínimos). Así y todo, otras 200.000 pymes que se habían inscripto se quedaron sin la asistencia del programa ATP, por haber facturado nominalmente más que el año pasado, lo que con una inflación del 45% los deja al borde de la quiebra, porque es imposible sostener el pago de todos los salarios en un contexto en el que las propias restricciones de aforo y la caída en la demanda, noquean la facturación real. El Presidente lo confirmó en la conferencia de prensa del sábado, donde dijo que un 20% de los comercios habilitados a abrir no lo habían hecho y que los que habían abierto, habían vendido solo un 30% de lo habitual. Esto demuestra que una parte del tejido productivo ya se rompió y no volverá a operar, pero también señala que el resto deberán reestructurarse para sobrevivir en un mundo con una demanda mucho mas baja.

En mayo, merced a las menores exigencias de facturación, se espera que se sume un 20% mas de empresas al ATP, pero a las limitaciones de las compañías mayores a 800 empleados ahora se sumó para todos la imposibilidad de distribuir dividendos y de acceder al dólar contado con liquidación, que ya regía para los que recibían crédito al 24%. Lo raro es que la propia restricción de ayudar solo a las empresas que tuvieran una caída real del 33% en la facturación torna triviales las otras regulaciones, porque además la necesidad de recibir asistencia del estado para el pago de salarios es una consecuencia de prohibir los despidos.

Sobre esas restricciones se sumó la propuesta de la Diputada Fernanda Vallejos, luego apoyada por el Ministro de Educación y por el titular de la cartera laboral, planteando la idea que de que la asistencia del estado tenga como contrapartida una participación en el capital de las empresas. Más tarde, el Diputado Carlos Heller, luego de avanzar con el proyecto de impuesto a los grandes patrimonios, dijo en Mitre que los servicios básicos no pueden estar en manos de empresas que busquen maximizar ganancias.

La idea de Vallejos estuvo inspirada en el caso de Lufthansa, donde el gobierno esta negociando un paquete de apoyo de 9.000 millones de euros, para salvar a la empresa que, con 140.000 empleados es una de las tres aerolíneas mas grandes del mundo. Sin embargo, en Argentina ninguna empresa está negociando asistencia a cambio de participación, sino que mas bien están siendo forzadas a cerrar sus operaciones por la dureza de la cuarentena impuesta. Tampoco, como en el caso de los Estados Unidos, se les permite despedir trabajadores, por lo que en la medida que el lockdown se extiende, cada mes produce un nuevo quebranto y el colmo sería que en ese contexto el Estado busque quedarse con los capitales accionarios.

La pandemia está sirviendo como una excusa para instalar el debate sobre la organización de la producción y el consumo. No se está discutiendo una estrategia coyuntural de transición para superar las consecuencias del virus, sino que lo que está en juego es el sistema económico que quedará después que pase la tormenta. El conjunto de instituciones que regularán las relaciones entre los agentes económicos, el rol del estado, e incluso el alcance de la propiedad privada.