En la primera semana de mayo el gobierno filtró en la propia página del Ministerio de Economía un borrador de la propuesta de canje de deuda que estaba negociando con los acreedores y que había sido elaborado en los primeros días de abril, cuando el país transitaba la tercera semana de cuarentena. En ese draftlas autoridades proyectaban una caída del PBI del 6,5% y un déficit fiscal primario de 3,1% del PBI; unos 13.000 millones de dólares que serían completamente financiados por el Banco Central.

Transcurridos los primeros cinco meses del año, la autoridad monetaria lleva transferidos al Tesoro $1.052.000.000.000, o puesto en palabras; un billón, cincuenta y dos mil millones de pesos, que convertidos a la paridad de la fecha de cada envío totalizan 16.000 millones de dólares; o 3,8 puntos del PBI.

Lo que estos números demuestran es que el gobierno estaba convencido de que la cuarentena sería efectivamente del orden de los 40 días, porque el lockdown ya le consumió el 123% del rojo fiscal previsto para todo el año.

Con más del 50% del PBI en aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO), lo que mantendrá los ingresos tributarios con caídas similares a las de mayo (-22,5%)  y las principales medidas que inflan el gasto, como el IFE y los ATP, vigentes por un mes más, es probable que junio sea otro mes con transferencias del BCRA al Tesoro en el terreno de los 300.000 millones de pesos y que la primera mitad del año, que suele ser la mas fuerte desde el punto de vista fiscal, acabe acumulando un déficit del 4,8% del PBI.

Resulta mas difícil calcular lo que puede pasar en la segunda mitad del 2020, porque nadie sabe como responderá la economía en la “nueva normalidad”. Está claro que no volverá a los niveles que tenía en enero y febrero, porque hay mucha destrucción de negocios y la inversión, que ya venía en terreno negativo (38% de caída en dos años), perdió otro 22% en abril, según la medición de Orlando Ferreres. Sin embargo, no sabemos si el nuevo piso estará 5 o 10 % por debajo del nivel de principios de año. La recaudación es otra incógnita; una parte de su suerte está atada a la evolución de la actividad, pero también hay un fenómeno de informalización, como consecuencia de las restricciones impuestas por la cuarentena y no es descabellado pensar que una parte de esa economía forzada a operar en negro prefiera seguir haciéndolo cuando se levanten las prohibiciones.

Por el lado del gasto social, incluso cuando a partir de julio ya no estén el IFE ni los ATP es poco probable que el gobierno no se vea en la necesidad de reforzar la AUH, la tarjeta alimentaria, la asistencia a las provincias que tardarán aún más en recuperar sus finanzas. También es factible que reformule el seguro de desempleo o establezca alguna línea de ayuda social a los trabajadores que queden permanentemente sin trabajo cuando abra la feria judicial y caiga la catarata de concursos y quiebras.

Los subsidios económicos también irán en aumento, porque hay menos lugar para las actualizaciones tarifarias que el gobierno tenia previstas para el segundo semestre, antes de que llegara el virus.

Lo único que contrabalancea son los jubilados. La semana pasada entró al Congreso una prórroga de 180 días a la facultad del Ejecutivo para fijar los aumentos de movilidad por decreto, lo cual implica dos cosas; la primera es que seguirán ajustándose por debajo de lo que preveía la vieja formula, tal y como lo hicieron en marzo y en junio, puesto que de otro modo no tendría sentido suspender su aplicación. La segunda es que el gobierno está preocupado por las razones estructurales del déficit y está dispuesto a corregirlo recortando las jubilaciones, que representan el 50% del gasto.

Teniendo todo esto en cuenta y salvo que el Estado esté dispuesto a bajar los salarios reales de sus trabajadores en la segunda mitad del año, es plausible pensar en una necesidad de financiamiento del orden de los 200.000 millones mensuales, para cubrir otros 4 puntos más de déficit primario.

El segundo error de calculo fue el de la deuda, porque el Gobierno anunció en enero que tenía previsto cerrar el canje para la tercera semana de marzo y todo parece indicar que se extenderá hasta la cuarta de julio, puesto que el 30 de ese mes vence el período de mora de 30 días que se activará a fines de junio si Argentina no paga el vencimiento de los 566 millones de Discounts. Incluso si me equivoco (ojalá), en el mejor de los casos, el cierre se producirá tres meses después de lo previsto originalmente.

Es por estos errores de calculo que explotó la estrategia del central, crecieron las brechas (con el paralelo y con el real brasileño) y obligaron a la entidad a poner parches como el de la comunicación 7030 de la semana pasada que, en la práctica, limitan la provisión de los dólares subsidiados de $69 para los importadores, dando una patente a los privilegiados que acceden y que explotaran el beneficio poniendo precios a dólar paralelo, puesto que de hecho eso es lo que se vieron forzados a hacer todos lo que tuvieron problemas para acceder al mercado único libre de cambios (MULC) esta semana y que o bien cortaron la cadena de suministros a sus clientes, o les avisaron que se cubrían cobrando a la mercadería a costo de reposición; o sea al precio del contado con liquidación.

Por esto es fundamental que el Presidente defina pronto la cuestión de la deuda y que muestre los modelos epidemiológicos sobre los que basa sus decisiones, para que en función de la evolución prevista de las curvas que de ellos se desprenden, Economía y el BCRA presenten en sociedad las hojas de ruta presupuestarias y monetarias para el resto del año