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Desde que asumió la Presidencia, Mauricio Macri anunció muchas medidas que había comprometido en campaña y otras que salieron de la galera de su equipo de trabajo, pero que también cumplían con expectativas que, de un modo u otro, el electorado había depositado en el flamante primer mandatario.

Sin embargo, la sensación generalizada era que a todas estas medidas les faltaban cinco para el peso.

Sí, salimos del cepo, pero el dólar oficial se devaluó. Un millón de trabajadores agropecuarios tienen mejores precios para sus productos, pero desde las grandes ciudades (generalmente con desconocimiento de la realidad del interior) se denunciaba una brutal transferencia de recursos al agro, del mismo modo que tuvo más visibilidad el retiro de 3.000 millones de pesos de retenciones a la minería, que el anuncio de inversiones por 20.000 millones de dólares en ese sector.

Es verdad que los que pagaban Ganancias ahora pagan menos, pero también es cierto que, por el diseño de la medida, prácticamente 220.000 personas que habían quedado exceptuadas por el famoso decreto de 2013, vuelven a sufrir el impuesto y encima por haber hecho el anuncio del aumento de las asignaciones familiares ese mismo día, el beneficio pasó desapercibido.

La baja del IVA es realmente una medida progresista que apunta en el sentido correcto, pero la mecánica de la devolución es cuestionable y tiene un tope de 300 pesos.

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La tarifa social es muy buena, pero incluso cuando prácticamente 10 millones de personas acceden, hay cuestionamientos sobre si los requisitos no son demasiado estrictos, dejando gente que realmente no puede pagar, sin salvavidas.

Lo concreto es que hasta el viernes, la impresión era que el Gobierno a pesar de la catarata de medidas, no lograba hacer pie. Pero el anuncio del pago de juicios a cerca de 300.000 jubilados de la ANSeS junto con el incremento en el monto de las prestaciones para un universo de 2.500.000 pasivos , también de Nación, que pueden recibir un aumento que oscilará el 40%, generó un shock tan contundente en los medios, que es probable pensar que la medida sea una bisagra para el Gobierno en términos de opinión pública. Habrá que esperar al futuro para leer el diario del lunes, pero creo que este anuncio puede quebrar las expectativas de los consumidores y si resulta acompañado con una baja fuerte de la inflación en los próximos tres meses, puede ser la clave para reactivar la economía y ponerla nuevamente en la senda del crecimiento.

LOS NÚMEROS EN JUEGO

Pensemos en la magnitud del empujón a la actividad. Los juicios ya iniciados representan 100.000 millones de pesos que entran de un saque en la economía, mientras que la mejora del 40% en 2.500.000 jubilaciones significa otros 100.000 millones de masa de jubilaciones todos los años. Para ponerlo en perspectiva, esos 200.000 millones son prácticamente dos puntos porcentuales del PBI. Además, puesto que se trata de un segmento poblacional que, por obvias razones demográficas y socioeconómicas, tiene una altísima propensión a consumir cualquier peso adicional que ingresa a sus bolsillos, el efecto multiplicador sobre la actividad será espectacular.

En términos de impacto político, también el tamaño de la medida noquea cualquier prejuicio sobre la orientación del proyecto del nuevo gobierno. Si la baja de las retenciones al agro y la minería, que ascendían en los cálculos más generosos a 20.000 millones de pesos anuales, significaban “una brutal transferencia a los sectores más ricos”, pues lo que se acaba de anunciar el viernes son “diez brutales transferencias a los sectores más vulnerables”.

No obstante, y sin perjuicio del acierto, la verdad es que no queda del todo claro cómo se financiará esta transferencia de lo que por derecho propio les correspondía a los jubilados.

Los números de la ANSeS no muestran superávit alguno. De hecho, durante 2015 el resultado financiero del organismo fue deficitario en 2.904 millones de pesos, incluyendo rentas de la propiedad (la renta del Fondo de Garantía de Sustentabilidad) por 53.393 millones, de manera que no sobra el dinero del FGS para pagar los 100.000 millones anuales adicionales que habrá que erogar.

Más allá del flujo extra que generará la mejora en las jubilaciones hacia delante, el Gobierno apuesta al éxito del blanqueo para pagar la factura de los juicios acumulada hacia atrás. Pero aquí también parece que sobra el optimismo, porque incluso en un escenario súper exitoso en el que vuelvan a la economía 50.000 millones de dólares, el porcentaje que captará el fisco rondará el 10% de esa masa y con 5.000 millones de dólares no alcanza para cubrir todos los juicios.

Se habla entonces de la posibilidad de vender parte de las acciones del FGS, pero si bien eso permitiría pagar los juicios, también se perdería la renta que ese fondo genera todos los años, de modo que sería aún más difícil cumplir con los compromisos corrientes de la Anses.

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¿SUBIRA LA EDAD PARA JUBILARSE?

Así las cosas, no es descabellado pensar que más temprano que tarde tengamos que rediscutir la sostenibilidad de todo el sistema de jubilaciones. Y si bien el crecimiento económico sumado a una mayor formalización de la economía, contribuirían a mejorar la relación entre activos y pasivos, clave para el financiamiento del sistema, no habría que descartar la posibilidad de subir la edad de retiro.

La práctica de correrle el arco a los trabajadores de mayor edad no es nueva e incluso ahora existe un argumento muy racional para hacerlo. Si hace cincuenta años el empleo se basaba en la fuerza física, que naturalmente declinaba con la edad, ahora importan mucho más las capacidades intelectuales, que lejos de verse disminuidas en las personas mayores, suman el enorme valor agregado de la experiencia.

Una propuesta inteligente debería aumentar la edad de retiro en empleos de bajo esfuerzo físico y alto componente intelectual, preservando la chance de la jubilación más temprana en aquellos trabajos donde la edad pasa factura.

fuente:

zzzeldia