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Jorge no entiende mucho de tasas ni de cláusulas gatillo. Tampoco comprende las metas de inflación del Banco Central y, de hecho, es de los millones de argentinos que piensan que para frenar los precios hay que poner un ministro autoritario que con pulso firme persiga a los comerciantes especuladores. El departamento tiene 110 metros cuadrados y me queda cerca de la boca de la estación de Facultad de Medicina. Jorge cree que la culpa de la inflación es de los empresarios, pero me pide 18.000 por el semipiso y me advierte que “el segundo año es un 30% más”.

Es cierto que los gremios explotan la sensibilidad de un año electoral y también es verdad que, aunque representen a docentes, se hacen los que no entienden que 18 más gatillo no quiere decir que les ofrezcan 18%, ni que ese sea el techo. Pero lo concreto es que responden a unas bases, que como el público general cuyas expectativas releva la encuesta mensual de la Universidad Di Tella, piensan en promedio que los precios subirán un 31% en los próximos 12 meses.

Los especialistas, por su parte, son bastante más optimistas. De acuerdo al relevamiento de expectativas que todos los meses publica el Banco Central, los principales consultores económicos del país esperan que el índice de precios al consumidor cierre el año 21,3% arriba.

Cuento todos estos casos porque en medio de ellos pivotea la autoridad monetaria buscando coordinar los pronósticos de formadores de precios tan distintos como esos y porque es en el marco de esas psicologías tan diversas que busca contener a los precios, con la madre de todas las armas: las metas de inflación.

¿Cómo funcionan las metas?

Supongamos por un segundo que antes de irnos a dormir todos tomamos una pastillita mágica y amanecemos mañana pensando que estamos en Chile, Perú, Uruguay o Colombia. A Jorge no se le ocurriría en ese caso decirme que “el segundo año es 30% más”, del mismo modo que a Baradel tampoco se le cruzaría por la cabeza pedir paritarias de 35%. De hecho, ningún comerciante remarcaría sus precios, porque del mismo modo que nadie en su sano juicio le firmaría a Jorge una cláusula de aumento del 30% en un contexto de baja inflación, sería muy raro que un consumidor convalide pagar $100 lo que ayer costaba $90, salvo que se trate de un producto que, por alguna circunstancia extraordinaria, como por ejemplo una inundación, resulte más escaso.

Si la inflación se produce, es en parte porque la gente la está esperando. Y allí apuntan las metas del Banco Central. Sin su intervención, todos los contratos de la economía replicarían la inflación del año pasado y tendríamos un piso de 40% para el 2017.

Alternativamente, el regulador podría no avisar y remitirse a sacar dinero de circulación, para que los formadores de precios se vayan dando cuenta sobre la marcha de que los precios con aumentos no son factibles, porque no hay plata suficiente para hacer todas las operaciones que se llevan adelante mes a mes. ¿Qué ocurriría en este caso? Como no habría dinero para pagar salarios más altos este año, muchos trabajadores se quedarían desocupados, y por la misma razón, como no alcanzarían los billetes para todo, muchos comerciantes se darían de bruces contra su intento de remarcar los precios en góndola. La recesión sería espectacular y es cierto que los precios eventualmente cederían, por la misma razón que el incendio se apaga cuando se acaba el combustible, incluso cuando la causa inicial de las llamas no fuera el material inflamable. Pero también es verdad, siguiendo con la analogía, que el fuego no se apaga en el preciso instante en que dejamos de tirarle nafta.

Sé que me quedo corto con el ejemplo. La inflación es mucho peor que un incendio porque destruye la moneda condenándonos al subdesarrollo, la pobreza y la corrupción.Sin estabilidad no funciona el sistema de precios, no hay soberanía monetaria, no existe el crédito y colapsan el ahorro doméstico y la inversión. Por eso, eliminar la inflación debiera ser prioridad, pero necesitamos detener la enfermedad sin matar al paciente y para ello resulta fundamental la coordinación del Banco Central El programa de metas es un mensaje a todos los formadores de precios indicándoles la magnitud de las remarcaciones que tolerará el Banco Central, o puesto en otras palabras, cuál será el ritmo al que se desinflará la economía para llegar al momento en que no exista diferencia entre el comportamiento de un comerciante argentino, brasileño, chileno o uruguayo.

Por supuesto, el mejor escenario es aquel en el que todos los que de alguna u otra manera formamos un precio o lo convalidamos comprando, creemos en lo que nos dice el Central y pedimos 17% de aumento de salarios, establecemos el mismo monto para el segundo año del alquiler y si nos toca estar del otro lado del mostrador, limitamos las remarcaciones a ese mismo nivel.

Con este mecanismo hay, sin embargo, dos problemas. El primero es que nadie cree que la inflación será de 17% como dice el BCRA y el segundo es que muchos quieren recuperar al menos en parte lo que perdieron el año pasado.

Para apuntalar la credibilidad existen las cláusulas gatillo que en la práctica funcionan como un seguro que cubre a los trabajadores si los precios suben más de lo que dice la autoridad monetaria. El desafío del Gobierno es extenderlas a otro tipo de contratos, como los de alquiler, porque si muchos precios de la economía efectivamente se forman con “30% de aumento para el segundo año”, pues habrá una tremenda recesión cuando no exista dinero para convalidarlos.

Las posibilidades de recuperar lo perdido en 2016 no se ven limitadas ni por las metas ni por los gatillos, sino por la robustez económica de cada sector. Cada gremio, dependiendo de los márgenes de rentabilidad del sector, puede negociar recomposiciones adicionales.

Y ahora que subió la tasa, ¿qué pasa?

Es en este contexto que hay que entender la suba de tasas dispuesta la semana pasada por el Banco Central. La autoridad monetaria está diciendo que va a cumplir la meta por las buenas o por las malas. En otro país con más crédito, una tasa más alta opera encareciendo el financiamiento y les pega al consumo y a la inversión, pero en Argentina el crédito sólo representa el 6% del PBI y el 92% del consumo se hace cash. Una cosa parecida ocurre con la inversión, acotando el impacto recesivo de la medida.

Por el otro lado, la tasa ahora resulta tentadora para los capitales especulativos del exterior que vendrán a buscar rentabilidades que no consiguen afuera. Este efecto planchará el dólar.

En resumen, hay tres fuerzas operando. La suba de tasas apuntala la credibilidad del BCRA en un mensaje muy claro a todos los formadores de precios en el sentido de que la autoridad no tolerará más inflación. El efecto colateral es el encarecimiento del crédito que les pega, poco, pero les pega, al consumo y a la inversión. El dólar más barato, como contrapartida, mejora las expectativas de los consumidores y abarata el costo de los bienes de capital importados, neutralizando el efecto recesivo en la demanda global.

fuente: CLARÍN