El economista Martín Tetaz analizó en su newsletter semanal la emisión monetaria argentina, su régimen y el impacto que ha tenido hasta ahora en la realidad argentina. El título del editorial es un número de 13 cifras: 2.292.830.000.000 (dos billones doscientos noventa y dos mil ochocientos treinta millones). ¿A qué se refiere? Al déficit fiscal del Tesoro nacional del año pasado, es decir, un 8,2% del PBI.
Esos 2,3 billones de pesos fueron financiados en un 88% por emisión monetaria en un país que, según Tetaz, «paradójicamente no tiene moneda». El especialista sostiene que, en un país con soberanía monetaria, la emisión se asimila a colocar deuda a tasa cero y que por eso la inflación en las grandes economías no fue afectada por los «paquetes COVID»: porque esa misma tasa era la pagada por los bonos soberanos. «Incluso en Europa asistimos a tasas negativas: bonos que operaban como una caja de seguridad, cobrando por guardar el dinero», explica.
El problema en la Argentina es que, al tener niveles inflacionarios tan altos, «es difícil que la gente quiera tener pesos por otro motivo que no sea meramente transaccional», asegura Tetaz. Y ahí pone como ejemplo a Estados Unidos donde, durante el mes de abril y gracias a los bonos emitidos por Donald Trump, el ingreso personal disponible de cada americano aumentó en un 13,4% respecto al mes anterior, sin embargo, el consumo disminuyó un 13,2%. «En otras palabras, la gente se quedó con la plata en los bolsillos», resume el especialista.
«En las economías deflacionarias, los programas de estímulo al consumo fracasan porque la gente, sabiendo que los productos estarán más baratos mañana, posterga el consumo», explica Tetaz. Pero en economías con alta inflación, mantener dinero en moneda local supone aceptar por ese dinero una tasa de interés negativa. «Por eso el impacto de la emisión es fatal», concluye.
Por otro lado, explica que no hubo un «boom emisivo» en los primeros meses del año en cuarentena (marzo y abril), esto se debe a que la movilidad sufrió un corte drástico y porque el BCRA absorbió casi el 70% de los pesos emitidos, que concluyeron en Leliqs y Pases. Sin embargo, el dinero circulante «punta-punta» en poder del público aumentó un 62% en todo el año, este promedio fue un 70% mayor respecto al año anterior porque la emisión se aceleró mucho en el último mes de 2019.
Según Tetaz, «para evitar que el rio de dinero inunde la economía, el gobierno uso cuatro diques», estos elementos fueron: los precios máximos, el dólar oficial, las tarifas congeladas y la suspensión de la movilidad jubilatoria, sumada al control de las paritarias. Citando al Profesor de Pablo, el economista explica que esas medidas son atractivas en el corto plazo porque permiten controlar los precios, pero «luego son cada vez más difíciles de eliminar y el daño que causan es cada vez más grande con el paso del tiempo.»
El economista recuerda un comunicado de COPAL de principios de año en el que se refleja que los alimentos con precios regulados aumentaron en promedio un 28% mientras los costos se movieron aproximadamente un 50%, así, los precios no controlados por el gobierno subieron un 56,6%.
Resalta también el hecho de que esta semana se reveló un aumento del 4,4% en los precios mayoristas, un 6,2% en los materiales de construcción y un 5,1% de la canasta básica de alimentos (es decir, una velocidad anualizada del 81%), la cual delimita la línea de indigencia. «Pero no es que haya un problema puntual con los corralones, o ahora con los alimentos; cada índice de precio sectorial que se conozca va a mostrar la misma historia», se indigna Tetaz, y finaliza: «El problema es la inflación generalizada y si algunos productos no suben tanto es porque están siendo regulados por el Gobierno».
Para finalizar su sección, Tetaz se pregunta si el régimen monetario cambiará, aunque él no lo espera. Así, dice, la política monetaria se encuentra dominada por el déficit fiscal y por eso es tan importantes monitorear las cuentas públicas de principios de año (enero y febrero), que son los mejores del año, y observar la evolución de la pandemia, la vacunación y si el gobierno aplica nuevas medidas restrictivas.
El especialista asegura que no hay margen fiscal para dar marcha atrás en cuestiones de movilidad y todo apunta, según él, a un gobierno más «quirúrgico» ante una segunda ola: tanto con las restricciones como con sus paquetes de ayuda. No habrá ATPs sino el REPO «a cuentagotas» y se busca que el IFE sea reemplazado por una asistencia exclusiva para jóvenes de 18 a 25 años, es decir, un tercio de los beneficiarios.
«En cualquier escenario, los congelamientos seguirán, las tarifas reguladas no recuperarán la inflación y es muy probable que el dólar oficial sea el ancla de precios cuando empiecen a entrar las divisas del campo», concluye Tetaz.
LA TRAMPA DE LA DOBLE INDEMNIZACIÓN
La semana pasada se confirmó que se prorroga por tres meses la prohibición de despidos y se extiende la doble indemnización hasta el 31 de diciembre, todo el 2021. Asimismo, en la semana se dieron a conocer los datos del mercado de trabajo durante el tercer trimestre del 2020: «Se confirmó la recuperación del empleo asalariado informal que quedó de todos modos un 18,8% debajo del nivel del 2019 (había caído 40%), mientras que los empleados registrados mantuvieron el mismo nivel del trimestre anterior (3,3% abajo del 2019)», reconstruye Tetaz. Según él, la doble indemnización es en realidad una trampa ya que desincentiva la creación de nuevos empleos, pero el Gobierno lo mantiene para no perder los puestos vigentes.
Para entender esto, Tetaz se sumerge en el pasado: «Para tener una idea de la magnitud del circulo vicioso, pensemos que la última vez que hubo una doble indemnización (no hablemos ya de la prohibición) tuvieron que pasar 50 meses consecutivos de crecimiento del empleo para que el gobierno se decidiera a eliminarla – explica – y si ese proceso de creación de nuevos puestos se produjo fue más bien a pesar de la medida y no gracias a ella, porque la economía estaba estimulada por el boom de los precios de los commodities y el espectacular ajuste fiscal y externo que se había producido en 2002, que había dejado un tipo de cambio real equivalente a 116 pesos de hoy y consecuentemente, un salario real muy deprimido.»
Explica que el temor del gobierno al observar los datos del empleo informal es que el ajuste del sector privado frente a una nueva ola de COVID-19 y la incertidumbre política por «el peso de sectores que quieren poner en discusión el rol de la propiedad privada dentro del gobierno», aunque este debate no se ha completado aún, si permite los despidos podría «disparar una catarata de telegramas, incluso en el escenario de la doble indemnización.»
«Del mismo modo que ocurre con los controles de precios y tarifas, cada día que pasa es más difícil salir, pero existe la posibilidad de hacerlo si se existe el compromiso político. La clave es establecer una hoja de ruta; un plan que detalle un sendero de convergencia, que en materia laboral podría ir reduciendo la penalidad un X porcentaje cada mes, para suavizar la transición», resuelve Tetaz, aunque cree que es poco probable que el gobierno corrija su rumbo durante la incertidumbre por la pandemia y las elecciones de este año. «Lo más probable es que las distorsiones se sigan acumulando hasta el 2022,» concluye.
Martin Tetaz es Economista, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, especializado en Economía del Comportamiento, la rama de la disciplina que utiliza los descubrimientos de la Psicología Cognitiva para estudiar nuestras conductas como consumidores e inversores. Actualmente es Diputado Nacional.