Esta semana dos eventos aparentemente inconexos acapararon la atención de los medios e hicieron explotar las redes sociales.

El jueves a la noche, en Monte Grande, un muchacho de 26 años, jugador de futbol de Nueva Chicago fue acribillado por proteger a su familia en una clásica entradera de las que ocurren a diario en el Gran Buenos Aires y otros distritos del interior.

Mientras la noticia se viralizaba, otra polémica estalló en las redes eclipsando por momentos la triste noticia de la inseguridad. El gobierno firmó un convenio con McDonald’s para promover 5.000 nuevos puestos de trabajo en jóvenes de 18 a 23 años, sin experiencia laboral y en situación de vulnerabilidad social.

El debate primero giró en torno de si la exigua paga de 4.500 pesos por 30 horas de pasantía semanales, constituía una forma de explotación laboral, puesto que se ubica bien por debajo de los 6.060 del salario mínimo vital y móvil, aunque ese sea en rigor el monto establecido como límite para un trabajador de tiempo completo y la ley prevea la excepción de los trabajadores que están contratados como aprendices.

Me vino a la mente entonces la famosa frase de la Economista Joan Robinson, quien considerando la difícil situación del empleo en los años 30 dijo que “la miseria de ser explotados por el capitalismo no es nada en comparación con la miseria de no ser explotado en absoluto”.

La notable keynesiana estaba entonces preocupada por el desempleo coyuntural que la crisis estaba produciendo, pero el programa “primer empleo” apunta en realidad a trabajadores que nunca han tenido una oportunidad laboral, en la mayoría de los casos por pertenecer a contextos vulnerables, con falencias educativas y sin experiencias que puedan ser esgrimidas como credencial a la hora de aplicar a un empleo formal. Buena parte del millón y medio de “ni-ni” que tristemente ni estudian ni trabajan, son ejemplo de ese inmenso sector excluido de la sociedad.

Pero la controversia escaló más aún, cuando se supo que el Gobierno subsidiaría con 1.000 pesos cada empleo nuevo creado bajo esas condiciones, por la multinacional de las hamburguesas. Aunque es una práctica habitual en los Estados Unidos, por ejemplo, mucha gente explotó criticando semejante transferencia de dinero a una empresa de capitales extranjeros. Sin embargo, el subsidio no es a la empresa, sino al empleo. La acción que hace efectivo el desembolso, es la de contratar un trabajador que hoy está excluido del sistema. Criticable o no, no es lo mismo que darle un cheque a la empresa y ciertamente es mucho mejor que subsidiarle la luz o el gas, como se venía haciendo hasta ahora.

MAS OPORTUNIDADES, MENOS DELITOS

El climax de las repercusiones tuiteriles llegó cuando en medio de un amable intercambio con el periodista platense Albino Aguirre, plantee que el programa les daba oportunidades a jóvenes vulnerables, excluidos del sistema cuya alternativa era el delito.

Una mezcla de carencias elementales de comprensión de textos con desconocimientos básicos de lógica proposicional confluyó en una catarata de réplicas que atacaban un prejuicio inexistente o directamente planteaban ridículas cuestiones de clase. La síntesis casi perfecta de esa fenomenal confusión fue el tuit del abogado Roberto Carles, experto en Derecho Penal y Criminalística, quien con 39 caracteres de superávit tuiteó: “Interesante polémica sobre el subsidio al empleo precario en McDonald’s. ¿Pobres “ni-ni”=delincuentes?”

Por supuesto, plantear que la falta de oportunidades conduce al delito, no equivale a afirmar que todos los pobres son chorros, ni tampoco asegura que los que sí tienen mejores chances en la vida, no acaben desviándose a comportamientos reñidos con la ley. Argumentos como “conozco muchos pobres honestos” o “fulano de tal fue a Harvard y es un ladrón” son similares en ese sentido al de las tabacaleras que niegan el impacto perjudicial del cigarrillo, sosteniendo que millones de fumadores no contraen nunca cáncer de pulmón o que muchos de los que mueren de esa enfermedad no habían fumado antes.

Obviamente los delincuentes son una minoría en la sociedad y la inmensa mayoría de personas con escasas posibilidades en el mercado de trabajo no terminan violando la propiedad ajena, pero si un sector particular de la población está siendo marginado, la tentación de jugar por fuera de las reglas que el sistema que los excluye propone, es mayor. Este es uno de los resultados empíricos más robustos en la literatura científica que explora las relaciones entre el desempleo y el delito, como lo atestigua por ejemplo la investigación de Raphael y Winter Ebmer del 2001, o el más reciente paper de Íris Hannah Atladóttir que usando datos de panel encuentra una fuerte asociación entre el desempleo y los crímenes contra la propiedad.

En particular el novedoso estudio de Martin Nordin y Daniel Almen, publicado este año en la revista Empirical Economics, demuestra que el desempleo de largo plazo (estructural) está asociado además a una mayor propensión a crímenes violentos.

Yo no puedo asegurar que el delincuente que le disparó cobardemente a Rodrigo Espíndola haya estado desempleado, e incluso si estuviese sin trabajo tampoco hay manera de saber si un empleo lo hubiera alejado de las armas.

Pero lo que toda la evidencia empírica muestra es que la exclusión aumenta las chances de cometer delitos y, por lo tanto, aunque son válidas todas las críticas respecto del nivel de salario de los nuevos programas y probablemente haya otros mejores, tenemos que festejar cualquier iniciativa que le de oportunidades al segmento de jóvenes entre 18 y 25 años que ni estudian ni trabajan y que realmente tienen vocación de progresar.

fuente

M.T.

Martin Tetaz es Economista, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, especializado en Economía del Comportamiento, la rama de la disciplina que utiliza los descubrimientos de la Psicología Cognitiva para estudiar nuestras conductas como consumidores e inversores. Actualmente es Diputado Nacional.